Fuente: Jesús Pérez Marmolejos /  P M Abogados Consultores

La Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario estatuye una serie de disposiciones aplicables al área de la salud. En primer lugar, esta ley plantea varios derechos fundamentales, como, por ejemplo: la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo o uso de bienes y servicios (Art.33, literal a). Asimismo, el derecho a la información (Art.33, literal c); la protección de sus intereses económicos mediante un trato equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios (Art. 33, literal d); e) La reparación oportuna y en condiciones técnicas adecuadas de los daños y perjuicios sufridos (Art. 33, literal e), entre otros.


Si bien es cierto que la Ley No.42-01 establece un conjunto de derechos de los pacientes, que van desde la confidencialidad hasta el consentimiento informado, aquella debe complementarse con la Ley 358-05, sobre Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario puesto que los centros médicos son considerados como proveedores (Art.3, literal I), y en algunas ocasiones los médicos (Art. 3, literal I, parte in fine), en el sentido de que prestan servicios y están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas, y demás circunstancias conforme a las cuales éstos hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos (Art.75).


Estos términos y condiciones estipulados unilateralmente por los proveedores de salud no pueden contener cláusulas abusivas que los exoneren de responsabilidad (Art.83, párrafo I, literal a). También, deben informar al consumidor de manera veraz, oportuna y suficiente (Art.84). Y en caso de brindar un servicio defectuoso, o lo deniegan, pueden comprometer su responsabilidad de manera solidaria y ser obligados a la reposición del servicio, restitución de los valores-costos, devolución de los valores pagados e indemnización (Art.102).

En definitiva, es menester que todo prestador de servicio de salud en la República Dominicana comprenda esta ley para brindar un servicio de calidad como lo exige el artículo 53 de la Constitución.